El CEO de YPF pontifica y pretende llevar de las narices a las provincias productoras avasallando derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional
Desde las alturas de una empresa privada con mayoría estatal (YPF) el ingeniero Miguel Galuccio pretende disciplinar a los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos y, como un maestro siruela, con desdén y desprecio por las autonomías provinciales, decide arbitrariamente como deben actuar las provincias, se molesta cuando no se acepta su voluntad y amonesta a los mandatarios díscolos.
Haciendo gala de una profunda coherencia con el modelo impuesto por el Kirchnerismo, desconoce a los estados provinciales, pisotea el sistema federal, y pretende imponer (como si fuera el Jefe de Estado) una ley que busca el mayor beneficio para las empresas privadas, aunque ello signifique un despojo para los estados productores.
Cuando el Ceo de YPF amonesta al gobernador neuquino y le señala que no puede ser juez y parte, falta el respeto a todos los habitantes de esta provincia. Los Neuquinos seremos juez, parte, y todo lo que debamos ser para defender nuestros recursos, siempre teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico vigente, y amparados en lo que establece nuestra Constitución Nacional.
En este punto es necesario señalar que el proceso de parcial re estatización de YPF llevado adelante por el actual gobierno, tiene características específicas que la diferencian de la YPF Sociedad del Estado originaria. La actual YPF nace como sociedad anónima con socios privados, a la cual se aplica un régimen legal predominantemente de derecho privado, lo que en los hechos genera una falta de transparencia y control por parte del Estado, esencialmente ante la ausencia de fiscalización de la Auditoría General de la Nación.
Debemos tener presente que con la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, el dominio originario de los recursos naturales fue reconocido expresamente a las provincias, con las consiguientes potestades de administración, fijación de regalías, formas de licitación, inversión, fiscalización y control. Este derecho originario, se vio vulnerado por los diferentes decretos reglamentarios de la parcial re estatización de YPF -específicamente los decretos 1277/12 y 929/13- los cuales invadieron facultades provinciales delegándolas al Poder Ejecutivo Nacional.
La realidad muestra que hoy existe una anarquía normativa que crea inseguridad jurídica para el desarrollo de la industria hidrocarburífera, configurada por las leyes 17.319/59, la ley corta 26.196, la ley de estatización de YPF N° 26.741 y sus decretos reglamentarios números 1277/12 y 929/13 que crean problemas de jurisdicción, administración y superposición de autoridades de aplicación que resulta necesario corregir.
Es claro que YPF no es el interlocutor válido toda vez que es apenas si un operador más, importante es cierto, pero no más que eso. Por ello es que reclamamos al Poder Ejecutivo Nacional que cumpla con lo que manda nuestra Constitución respetando el dominio originario de los recursos naturales de la provincia del Neuquén, lo que implica que la Provincia no debe renunciar ni permitir condicionamientos sobre la administración y control de las áreas petroleras.
No debemos consentir limitación alguna a la facultad provincial de fijación de regalías. No tenemos que resignar facultades tributarias provinciales. Y más aún, exigir a Nación que YPF sea auditada por la AGN.