Alertado por las denuncias de consumidores de gas en garrafas de que no se estaría respetando el precio máximo fijado para su comercialización, el diputado provincial Alejandro Vidal presentó dos proyectos con el objetivo de conocer si se está ejerciendo el poder de policía para el cumplimiento de la Resolución N° 70/2015 de la Secretaría de Energía de la Nación.
“El precio del gas en garrafas está subsidiado en beneficio de aquellas personas que no tienen el servicio de gas natural por red, es un beneficio y a la vez un derecho para aquellos vecinos, en su mayoría de muy bajos recursos y que habitan en asentamientos irregulares o en barrios donde todavía no ha llegado la red de gas. Pero pareciera ser que algunos comerciantes adquieren las garrafas a precios subsidiados en las fraccionadoras pero luego las venden con un importante sobreprecio perjudicando al consumidor final. Podríamos decir que con esa acción se apropian de un subsidio que no les corresponde” argumenta el legislador radical.
Mediante los proyectos se requiere que tanto el Enargas, que es la autoridad de aplicación de la Ley Nacional 26.020 que regula la comercialización de Gas Licuado de Petróleo, como la Dirección General de Comercio Interior de la Provincia, que ejerce el poder de policía de las leyes nacionales 24.240 (de Defensa del Consumidor) y 22.802 (de Lealtad Comercial), informen si se está controlando en toda la provincia los valores a los que se venden las garrafas.
“Hemos corroborado que en la capital la garrafa de 10 kg que se debería vender a $ 97 se está comercializando a valores que van desde los $ 120 hasta los $ 180 en la Capital y llegaría hasta $ 300 en la zona cordillerana. Esto sucede porque nadie controla y también porque los puntos de venta de las fraccionadoras se encuentran a varios kilómetros de los lugares de consumo en la Capital y porque en el interior en la mayoría de los casos hay un solo distribuidor que tiene de rehenes a los consumidores” consideró Vidal.
“De que sirve que se les otorguen beneficios a los más carenciados si después no pueden acceder a ellos porque nadie controla que se cumplan las normas que los establecen. Hay instituciones que tienen la obligación de controlar. Lo que queremos saber es si están trabajando al respecto, cuáles son las acciones que realizan y sus resultados” finalizó el diputado neuquino.
Crédito Foto: Prensa Legislatura