En un acto que se podría calificar de miserable, el gobierno nacional deja afuera del programa de refinanciación de deudas provinciales a Neuquén, Mendoza, Río Negro y Chubut, estados productores de hidrocarburos que plantearon diferencias y objeciones al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Hidrocarburos (17.319/59). Esta acción no puede entenderse de otra manera que como una extorsión, un nuevo intento de disciplinar a los díscolos, de poner de rodillas a quién no quiere entender quién tiene el poder.
La indiferencia con la que gestionó la nación la política energética en la última década, determinó la pérdida del autoabastecimiento y el desequilibrio actual de la balanza de pagos, y deriva ahora en la desesperación de un gobierno dispuesto a jugar a todo o nada para lograr su objetivo aunque ello implique el desconocimiento de leyes de la nación, y hasta la propia Constitución Nacional.
Oportunamente advertí que los decretos reglamentarios de la denominada Ley de Soberanía energética (1277/12 y 929/13) invadían facultades provinciales delegándolas en tres áreas del Poder Ejecutivo Nacional, con el claro propósito de apropiarse de la renta de los estados productores, cumpliendo con la consigna “Vamos por Todo”.
Ingenuamente desde el Poder Ejecutivo Provincial se creyó que no estaba en el ánimo del PEN desconocer los derechos de propiedad reconocidos por la Constitución Nacional y reglamentados por la Ley corta (26.196) impulsada por el presidente Néstor Kirchner. Las acciones de hoy justifican sobradamente la desconfianza expresada en aquél momento.
Nunca de rodillas, erguidos y con absoluta dignidad se debe exigir al Poder Ejecutivo Nacional que cumpla con la manda Constitucional respetando el dominio originario de los recursos naturales de la provincia del Neuquén, lo que implica que la Provincia no debe renunciar ni permitir condicionamientos sobre la administración y control de las áreas petroleras.
No debemos consentir limitación alguna a la facultad provincial de fijación de regalías. No tenemos que resignar facultades tributarias provinciales. Y más aún, debemos exigir a Nación que YPF sea auditada por la Auditoría General de la Nación.